La Corte Penal Internacional, inútil
Alfredo Rangel
Revista Semana
23 de octubre de 2009

Sigo creyendo que la Corte Penal Internacional (CPI) es un tigre de papel que no tiene nada que hacer en Colombia. Pero la proximidad del primero de noviembre, fecha en que se vence la salvaguarda que en su momento estableció el gobierno de Pastrana con la ilusión de facilitar un acuerdo de paz con las Farc, ha puesto nuevamente sobre el tapete el tema de su posible injerencia en nuestro país.

La CPI no tiene nada que hacer en Colombia porque este es un país con suficiente solidez institucional cuyo Estado tiene la decisión y la capacidad para averiguar al máximo posible la verdad judicial y castigar los delitos de lesa humanidad que aquí se hayan cometido a partir del primero de julio de 2002, fecha en que entró en vigencia el Estatuto de Roma y que marca el inicio de la competencia de la CPI, la cual no puede actuar retroactivamente. También nuestro Estado es capaz de investigar los crímenes de guerra cometidos desde el primero de julio de 2009, los únicos sobre los que tendría jurisdicción la CPI por efecto de la salvaguarda invocada por nuestro país en el momento de adherir a esa Corte.

Como se puede notar, estas fechas limitan desde el inicio la eventual acción de la CPI y hacen que su presencia no sea pertinente, pues de entrada queda excluida de su competencia la inmensa mayoría de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia a lo largo de más de 40 años de conflicto. Pero es sobre todo la decisión del Estado y de la sociedad colombiana de lograr los más altos estándares de justicia transicional lo que hace inútil y hasta ofensiva la eventual presencia de la CPI en nuestro país. La voluntad política colectiva existe y nuestra capacidad institucional se ha robustecido. En efecto, hoy nuestra justicia es más fuerte que nunca: se ha hecho más eficiente con el sistema penal acusatorio; la Fiscalía se ha modernizado, es más profesional y tiene mayor capacidad investigativa; hay una Ley de Justicia y Paz que premia la confesión de la verdad y la reparación de las víctimas; la justicia civil ordinaria procesa las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por miembros de la fuerza pública, etcétera.

Como resultado de este compromiso nacional con la verdad y con la justicia, comparado con países que han padecido conflictos armados internos, Colombia tiene hoy un récord sin antecedentes de resultados judiciales. Toda la cúpula guerrillera ha sido objeto de condenas judiciales; todos los jefes paramilitares están presos y 694 de sus integrantes están siendo procesados por la Ley de Justicia y Paz; 150 miembros de la fuerza pública han sido condenados por la justicia, cerca de 400 tienen medidas de aseguramiento y 1.300 están siendo investigados; hay 11 dirigentes condenados por para-política, siete llamados a juicio, 32 en indagatoria, ocho en versión libre y 25 en indagación. La opinión está pendiente de que también se produzcan resultados en la farc-política y la eleno-política. Además, como resultado de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, han sido confesados 8.000 delitos, se han exhumado 2.100 cadáveres, se han compulsado 4.000 copias, y 35.000 víctimas han intervenido en los procesos judiciales. Nadie puede acusar al Estado colombiano de indolencia, incapacidad o intención de ocultamiento de la verdad judicial de los crímenes cometidos en el curso del conflicto armado. Este no es un Estado fallido, ni su justicia está en bancarrota. Por eso no se nos puede poner al lado de Uganda, Congo, Kenia o Afganistán.

Porque, efectivamente, la CPI sólo puede operar cuando un Estado no quiere o no puede llevar a cabo juicios por los crímenes que son de su competencia. Los hechos demuestran que no es el caso colombiano. Además, la CPI sólo puede apoyar o complementar la justicia nacional, no la sustituye. Y poco o nada podría aportarle la CPI a nuestra justicia, pues esa Corte carece de un poder real de apremio y depende de la cooperación de los Estados para realizar sus investigaciones. Además, un Estado puede objetar la apertura de un proceso judicial si el caso ya está siendo investigado o ya ha sido fallado. Adicionalmente, la CPI no puede juzgar a nadie en ausencia, por lo que el acusado debe ser extraditado y comparecer en La Haya. Todo esto ayuda a entender por qué la CPI no ha podido emitir ni una sola sentencia condenatoria en primera instancia después de más de siete años de iniciadas sus labores.

Por todo lo anterior creo que la CPI es un tigre de papel, cuya presencia en Colombia es absolutamente inútil, improcedente y ofensiva para nuestro sistema judicial. Pero su presencia será reclamada a gritos por sectores oportunistas de la oposición, por ONG que viven de afirmar que siempre estaremos en el peor de los mundos y por los cándidos que de buena fe consumen sin chistar lo que aquellos les dicen. Preparémonos.

Chávez perdió el pleito de las bases
Por Eduardo Mackenzie
Revista Cambio

Los aparatos políticos de la desestabilización en Colombia han sido llamados por el régimen de Caracas a la movilización general.

Su tarea prioritaria: impedir la firma de los acuerdos entre Bogotá y Washington sobre presencia de tropas norteamericanas en bases militares de Colombia. Ante la dificultad de impedir tal firma, Caracas trata por todos los medios de negociar, al menos, a través de terceros, una reducción del alcance de esos acuerdos. Para eso el régimen venezolano utiliza al partido izquierdista colombiano Polo Democrático y a los amigos que aún le quedan, como el ex presidente Ernesto Samper (1994-1998), en las altas esferas de la clase política colombiana.

Las maniobras del palacio de Miraflores contra esos acuerdos tienen un cierto tufillo de desespero. El presidente Hugo Chávez se siente realmente desestabilizado por el refuerzo de la presencia de militares norteamericanos en Colombia. El jefe de Estado venezolano no ahorra esfuerzo alguno en estos días para tratar de frenar o de desviar esa dinámica. Chávez se moviliza, amenaza, gesticula, intriga y exige, además, que sus seguidores en Colombia y en otros países hagan otro tanto. Desde su bunker medicalizado en La Habana, Fidel Castro respondió a su llamado y estimó que el pacto colombo-americano es "una amenaza para Venezuela y para toda la región".

La apertura de siete bases militares colombianas a las tropas norteamericanas, lo que no es lo mismo que la creación de siete bases norteamericanas en Colombia, como la propaganda "bolivariana" trata de hacer creer, es algo que ni Caracas ni sus aliados del Foro de Sao Paulo habían previsto. Caracas se da cuenta hoy, un poco tardíamente, de que al ordenarle al presidente ecuatoriano Rafael Correa cerrar la base de Manta y al cesar, Venezuela y Ecuador, toda colaboración con los Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas, el chavismo cometió un error mayúsculo, pues aumentó las posibilidades de Estados Unidos y de Colombia de encontrar una solución de recambio a esos dos importantes tropiezos.

Los nuevos acuerdos militares entre Bogotá y Washington tienen por marco la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones terroristas. Son también el resultado necesario del rearme desproporcionado de Venezuela y de las reiteradas amenazas bélicas y políticas que el mandatario venezolano lanza con mucha frecuencia contra Colombia, sin hablar del apoyo, cada vez más evidente, que Caracas le presta a los movimientos terroristas colombianos Farc y Eln. En otras palabras, Hugo Chávez está cosechando los frutos amargos de su política exterior pendenciera y provocadora.

Nunca Colombia se había visto en una situación geopolítica como la actual. Una potencia petrolera mundial vecina, a pesar de los lazos históricos que unen a las dos naciones, utiliza todo su potencial económico, financiero y militar para tratar de derribar el gobierno colombiano, democráticamente elegido, y alterar la continuidad de su tradición liberal y civilista. Todo ello mediante el fomento visible de una guerrilla comunista degenerada y el auspicio de oposiciones pseudo legales y extremistas dentro del país. Esa potencia petrolera intenta, por otra parte, cercar a Colombia por el sur, el oriente y el norte, con regímenes agresivos y liberticidas, dirigidos con gran desfachatez por los regímenes "revolucionarios" de Cuba y Venezuela.

La respuesta del Estado y de la nación colombiana a esos graves desafíos es conocido de todos: la elección y la reelección de un presidente de mano firme contra la subversión armada y un respaldo popular casi unánime y durable a una política de defensa y seguridad nacional que incluye ahora la renovación de los acuerdos militares tradicionales entre Colombia y los Estados Unidos.

Hugo Chávez ha debido pensar en eso antes de emprender su larga campaña que lleva más de una década de humillaciones y amenazas militares, comerciales y diplomáticas contra Colombia, sobre todo desde que dispuso de aviones rusos de combate. El está cosechando lo que ha sembrado.

La aprobación de Bogotá de un refuerzo de la presencia militar norteamericana en Colombia ocurre precisamente en una coyuntura dramática para el régimen "bolivariano". El fracaso de la aventura golpista en Honduras, y la caída de Zelaya, no sólo dejó a Caracas sin un peón esencial que iba a reforzar sus planes en Centroamérica sino que sirvió para abrirle los ojos a los demás pueblos del continente sobre los métodos siniestros que son capaces de utilizar contra las sociedades democráticas el tándem Castro-Chávez.

Durante dos semanas el presidente de Venezuela apeló a los más histéricos anuncios para tratar de parar o entrabar las negociaciones Bogotá-Washington. Ordenó "congelar", de nuevo, las relaciones diplomáticas con Colombia y retiró a su embajador en Bogotá. Telesur hizo creer a la prensa europea que las negociaciones de Bogotá y Washington habían creado una "crisis regional".
Colombia, sin embargo, conservó la sangre fría. El presidente Uribe en lugar de echar marcha atrás, propuso, por el contrario, explicar personalmente a cada presidente latinoamericano (salvo a aquellos que habían roto relaciones diplomáticas con Colombia), en una rápida gira, los alcances del acuerdo con Estados Unidos.

En ese momento, el jefe de Estado venezolano ya había mostrado el garrote económico con el que esperaba doblegar, por fin, la resistencia de los colombianos: decidió la cancelación de la importación de 10.000 vehículos colombianos y advirtió que ello obedecía a los "roces diplomáticos entre ambos países", generados por el acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia.

Pero ni los industriales colombianos, ni el país en general, entraron en colapso nervioso, a pesar de que semejante muestra de barbarie económica, digna de los peores regímenes totalitarios del mundo, causará, ciertamente, enormes dificultades al sector automotriz colombiano y venezolano.

Finalmente, la gira de Álvaro Uribe fue exitosa. Ella demostró que la tal "crisis regional" era un globo desinflado. Ninguno de los presidentes latinoamericanos que Uribe entrevistó, ni siquiera el exaltado Evo Morales, ni la irascible señora Kirchner, repitieron las promesas incendiarias y guerreristas del ogro de Caracas contra el acto de soberanía de Colombia. Luis Inacio Lula da Silva, en quien Chávez fundaba sus mayores esperanzas, tampoco se atrevió a sacar el disco rayado de la "amenaza imperialista que quiere devorar a Suramérica". Por el contrario, el presidente colombiano logró de su émulo brasileño una actitud de respeto hacia el acuerdo sobre las bases militares colombianas.

Tras el encuentro de Uribe y Lula, Celso Amorim, el canciller brasileño, señaló que cualquiera que sea el acuerdo del gobierno de Uribe con la administración de Barack Obama, "es una materia naturalmente de soberanía de Colombia". Si bien Brasilia le pidió "transparencia" a Uribe, el gobierno de Brasil acudió a la doctrina de la "soberanía nacional" para rechazar inmiscuirse en la decisión de Bogotá.

Antes de ese desenlace favorable a Colombia, Hugo Chávez trató de incluir en sus planes a Barack Obama. Creyó que podría hacerle sufrir al nuevo presidente de Estados Unidos la conocida farsa de la reverencia-intimidación. El 5 de agosto, en efecto, Chávez le suplicó al jefe de la civilización que él más aborrece, que no amplíe la presencia norteamericana en Colombia. Amenazante, subrayó que esas bases "podrían ser el comienzo de una guerra en América del Sur". Y ante los reporteros deslizó, como para que en Washington no quedasen dudas: "Estamos hablando de los Yanquis, la nación más agresiva de la historia de la humanidad".

Barack Obama le respondió fríamente el 7 de agosto. Dijo que su Gobierno no tiene intención de establecer bases militares en Colombia, y que el acuerdo que negocia con Bogotá es para "mejorar los lazos de la cooperación". Obama explicó que se trata de una actualización del acuerdo de cooperación militar que tienen ambos países, y reiteró que en Estados Unidos "no tenemos ninguna intención de establecer una base militar estadounidense en Colombia". "No he autorizado una base militar estadounidense en Colombia, no me lo han pedido", insistió. "No tenemos intención de enviar un gran número de tropas adicionales a Colombia", concluyó.

Al ver que no había sido secundado por Obama ni por los otros presidentes latinoamericanos, Hugo Chávez echó marcha atrás y despachó de nuevo a Bogotá a su embajador. Sería un error tomar ese gesto como un signo de apaciguamiento. La ofensiva chavista para desacreditar y malograr el pacto y el gobierno de Álvaro Uribe ya comenzó y continuará.

El aparato de propaganda del Foro de Sao Paulo apeló al viejo truco de la arqueología comunista de trasmutar el bien en mal, y el mal en bien. Ejemplo: decir que el pacto Bogotá-Washington equivale a una "entrega de la soberanía", y a un gesto de "dependencia ante los Estados Unidos". Enseguida, los grupúsculos chavistas en Bogotá y otras capitales latinoamericanas armaron operaciones de "agitación y propaganda". Y comenzó así la nueva movilización "antiimperialista" la cual será, como siempre, de carácter combinado.

Carlos Gaviria, el gran manitú del Polo Democrático, fue el primero en tomar un micrófono para repetir los insultos de Caracas. Dijo que "Colombia es un país súbdito de Estados Unidos" y que el gobierno de Uribe "está entregando la soberanía".



El senador Jaime Dussán, otro cacique del PD, partió tan rápidamente en cruzada que se equivocó. El 4 de agosto dijo a la prensa que le pedirá al presidente Uribe que "descarte definitivamente la posibilidad de la presencia de bases militares en Colombia" (sic). Jaime Dussán se refería quizás a la presencia militar norteamericana en bases colombianas. El lapsus cometido ante los periodistas (ver El Espectador, "Polo busca mediación con Chávez y Correa", 4 de agosto de 2009) revela el deseo profundo de Dussán: que en Colombia no hayan bases militares de ningún género, ni norteamericanas ni colombianas, pues para su secta marxista lo mejor es una Colombia desnuda ante los modernos tanques, misiles y aviones rusos adquiridos por la fracasada pero bien armada revolución "bolivariana". Dussán anunció viajes de jefes del Polo a Caracas y a Quito para preparar acciones internacionales contra su propio país. Otra eminencia del PD, el ex guerrillero y senador Gustavo Petro, reiteró que esos acuerdos, en su opinión, "aislarán a Colombia de América Latina".
Quienes se están aislando del mundo son los señores del Polo, pues las mayorías colombianas, según numerosos sondeos de opinión, dicen estar de acuerdo con el gobierno de Álvaro Uribe, con el acuerdo sobre las bases y con la gira emprendida por el jefe de Estado colombiano por Latinoamérica.

Ante cada coyuntura delicada que vive Colombia en el espacio internacional el Polo Democrático se alinea servilmente con las posiciones de los dictadores.

La nueva movilización mamerta incluye no sólo discursos. En sincronía perfecta con la agitación política, sobrevino el ataque armado contra una propiedad de la multinacional Cartón de Colombia. Hombres armados llegaron a una localidad cerca de Popayán, en el departamento del Cauca, y destruyeron bosques y maquinaria que daba trabajo a 200 personas. Ese acto terrorista mostró que la campaña contra el tratado con Estados Unidos tiene y tendrá aristas en los que las Farc harán de las suyas directamente.

Después, entró en escena el espectáculo archiconocido de las "mediaciones" espontáneas y de los viajes "salvadores".

El ex presidente Ernesto Samper creyó indispensable ir en peregrinaje a Caracas. De su encuentro con Chávez se sabe poco. Horas después, Chávez recibió a Piedad Córdoba y cambió de táctica. Ordenó el retorno a Bogotá de su embajador y empezó a hablar de "desuribizar el diálogo con Colombia". Pidió que la ex canciller colombiana María Emma Mejía fuera a Caracas a servir de "mediadora" e invitó a alcaldes y gobernadores colombianos de la región fronteriza a iniciar conversaciones con él acerca de las tensiones entre los dos países.

Esa insidiosa táctica es conocida. En 2003, Chávez quiso quitarle al presidente Uribe el tema de la liberación de Ingrid Betancourt y para eso realizó contactos directos con el gobierno francés. En agosto de 2009, Chávez reforzó su intento de apoderarse del asunto de los rehenes con el pretexto de adelantar una gestión "mediadora". Su fracaso fue espectacular. Ahora retoma el mismo método, con la ayuda de Córdoba y Samper. Empero, Mejía rechazó jugar ese papel y le recordó que quien dirige las relaciones exteriores de Colombia es el presidente Uribe y su canciller. El presidente Uribe salió al paso del intento chavista y desautorizó en un comunicado todo gesto en ese sentido. "La Constitución Nacional es expresa: las relaciones exteriores son de exclusiva competencia del Presidente de la República y el canciller y por tanto, ningún funcionario de nivel nacional, departamental, municipal o local podrá adelantar gestión que viole este precepto constitucional."

Desgastada hasta el hueso por su discurso pro Farc y su servilismo ante el régimen chavista, la senadora Córdoba hace llamados alarmistas. Pretende que el "conflicto" colombiano (un concepto de las Farc) "inundará a toda Sudamérica" y que por eso el cascarón vacío de Unasur debe discutir los nuevos acuerdos Bogotá-Washington. Su idea es infiltrar esas discusiones y transformar las bases militares colombianas con presencia norteamericana en "bases de paz". Hay que impedir esa injerencia. Ya se sabe lo que hacen los mamertos cuando hablan de "paz".